Ponencia: Política y Economía en el México Actual

Por: Ivette Flores Guillestegui

II cuatr. Lic. en Derecho

México se encuentra en una transición histórica. Las aspiraciones de la nación son alcanzar un régimen político democrático y un desarrollo económico equitativo. La transición a esas metas es difícil, ya que, en el curso del siglo XX el país ha tenido un sistema político no democrático que procreó una cultura política autoritaria y un desarrollo económico que produjo y amplió la desigualdad social.

La desigualdad social se ha profundizado con la recesión de casi dos décadas y la implantación del nuevo estilo de desarrollo, en este sentido, la política social del actual régimen enfrenta un triple reto: atender el rezago histórico de municipios y regiones; resarcir la desigualdad social generada por los estilos de desarrollo anteriores; recuperar el terreno perdido por la recesión y la depresión económica en la transición al nuevo modelo financiero.

La concepción de desarrollo del Gobierno y la política social que se deriva de este fundamento jurídico-político e ideológico, tiene fundamento en la Constitución Política de 1917, teniendo como ejes básicos la libertad individual, los derechos sociales, la democracia y la justicia social. De estos ejes, se deriva un conjunto de derechos tales como: derecho a la educación, al trabajo, a la justicia, a la vivienda digna, a la autonomía cultural y a la preservación de nuestra identidad.

El desarrollo social debe satisfacer todos estos derechos sobre la base de la articulación con una economía competitiva y un crecimiento, y un sistema político democrático.

La economía competitiva y el crecimiento, son la garantía de la generación de un mayor volumen de ocupación y mayores ingresos, a partir de una mejor productividad; la elevación del empleo y del ingreso da acceso a la seguridad social. En conjunto estos tres aspectos constituyen los ejes del bienestar social.

La política derivada del desarrollo social que se ha expuesto se caracteriza por ser integral, federalista y participativa. Es integral por que se plantea una reforma institucional que permita conjuntar adecuadamente los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno; es federalista porque pretende respetar la autonomía relativa de los estados y los municipios; es participativa porque su formulación y ejecución es resultado de un amplio proceso de concertación y participación.

El desarrollo social sólo es posible alcanzarlo si se combate la desigualdad que producen los desequilibrios del desarrollo económico entre entidades, regiones, campos y ciudad, ramas de actividad económica y en sectores de la economía. El objetivo es propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones que aseguren a la población el disfrute de los derechos individuales y sociales, consagrados en nuestra constitución, elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos, de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social. Para ello, debe mejorarse la educación, la salud y la vivienda, debe armonizarse el ritmo de crecimiento de la población y su distribución geográfica, debe promoverse el desarrollo equilibrado en las regiones, deben abatirse las desigualdades e impulsarse un amplio proceso de integración social y productivo de los mexicanos que hasta ahora no han tenido la opción del bienestar social.

La política de desarrollo social está estrechamente vinculada a la política de crecimiento económico de nuestro país.

Otro elemento no reformulado es el de la apertura comercial, cuyos efectos han sido traumáticos para el sector productivo, de esta experiencia hay que sacar dos lecciones, la primera, es que no es posible continuar con la cultura del subsidio para la ineficiencia y la incompetencia, es decir, que sea capaz de generar procesos que rompan con el círculo vicioso de la pobreza y equilibrando un desarrollo económico. Para romper este círculo vicioso de endeudamiento, se tiene que replantear la estrategia de pago de la deuda externa para fincar crecimiento en el ahorro interno nacional, desarrollar programas para la educación, el campo y la industria; para erradicar la idea en los mexicanos que en el extranjero hay mejores oportunidades de vida y asignar en los hechos, salarios reales, que cubran nuestras necesidades, que el salario mínimo aumente de acuerdo al ritmo con la vida de los mexicanos.

Este aspecto mantiene la expectativa de la depresión económica de nuestro país y por consiguiente, frena la política de desarrollo social.

Javier Peña Ramos

VIII cuatrimestre Lic. en Derecho

Constitución (ciencia política), ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada como guía para su gobernación. La Constitución fjija los límites y define las relaciones ente los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, estableciendo así las bases para su gobierno, también garantiza al pueblo determinados derechos.

Las constituciones pueden clasificarse mediante varios criterios: si están protegidas contra enmiendas (constituciones blindadas), si presentan una clara separación de poderes, si las disposiciones pueden ponerse en vigor mediante revisión de la actuación del ejecutivo o del legislativo, si establecen un Estado unitario o federado, etc. Las constituciones escritas están asociadas históricamente al liberalismo político y a la ilustración. Liberalismo, doctrinario económico, político y hasta filosófico que aboga como premisa principal por el desarrollo de la libertad personal individual y, a partir de ésta, por el progreso de la sociedad. Hoy en día, se considera que el objetivo político del neoliberalismo es la democracia. Muchos estados autoritarios y totalitarios poseen unas elaboradas constituciones, pero, en la práctica, no tienen vigor para ser respetadas por el gobierno en el poder, que siempre puede no acatarlas, suspenderlas o invalidarlas. No es el caso del mexicano. Pero, en el pasado muchos liberales consideraban este sistema de gobierno como algo poco saludable por alentar la participación de las masas en la vida política. A pesar de ello, el liberalismo acabó por confundirse con los movimientos que pretendían transformar el orden social existente mediante la profundización de la democracia. Debe distinguirse pues, entre el liberalismo que propugna el cambio social en forma gradual y flexible, y el radicalismo, que considera el cambio social como algo fundamental que debe realizarse a través de distintos principios de autoridad.

Estado

Estado, denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su propio territorio.

La característica distintiva del Estado moderno es la soberanía, reconocimiento efectivo, tanto dentro del propio Estado como por parte de los demás, de que su autoridad gubernativa es suprema. En los estados federales, este principio se ve modificado en el sentido de que ciertos derechos y autoridades de las entidades federadas, como los länder en Alemania, los estados en Estados Unidos, Venezuela, Brasil o México, no son delegados por un gobierno federal central, sino que se derivan de una constitución. El gobierno federal, sin embargo, está reconocido como soberano a escala internacional.

Poder Legislativo

Poder legislativo, una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado – las otras dos son el ejercicio del poder ejecutivo y del poder judicial – y que, según la teoría del Constitucionalismo Moderno, consiste en redactar, reformar y derogar las leyes. Tal concepción, se cimienta en las apreciaciones y doctrinas que acerca del Estado de Derecho liberal realizaron durante el siglo XVIII los principales pensadores del llamado Siglo de las Luces. Sus formulaciones más acabadas fueron las expuestas por Charles-Louis de Montesquieu y John Locke. Para comprender el alcance del concepto “poder legislativo” es preciso situarlo en el contexto del que emerge, que no es otro que la doctrina de la separación de poderes. Cada uno de los tres poderes que configuran el Estado de Derecho es atribuido, según la doctrina clásica, a titulares diversos: gobierno o rey (ejecutivo), tribunales (judicial) y parlamento (legislativo), y a cada uno se le encomiendan funciones distintas. El Legislativo, como tal, tiene función fundamental, la legislativa. Este hecho supuso que el Parlamento se erigiera en el depositario de la voluntad y de la soberanía nacionales, extendiéndose así el principio de legitimidad democrática y configurándose como la institución central del Estado – superior incluso, a los poderes ejecutivo y judicial, aunque con la necesaria coordinación y equilibrio entre ellos- El legislativo, es el resultado de un acto directo del sujeto de la soberanía, el pueblo. En esa función de representación, se halla legitimada su otra función característica, la legisladora. La función legisladora es la propia del Legislativo en todo Estado de Derecho moderno y le corresponde, al menos en el origen de la teoría clásica, como competencia exclusiva. El Legislativo no gobierna, ni juzga, sino que posee el monopolio formal y material de tomar decisiones políticas encaminadas a formular las leyes.

Tanto el monopolio legislativo como el principio de representatividad, que la teoría clásica otorgaba al poder legislativo, se han resquebrajado a lo largo de los procesos históricos concretos de los distintos estados. La denominada “crisis actual del Legislativo”, se ha concretado en la paulatina reducción de importancia institucional del legislativo, a favor de los poderes ejecutivo y judicial. Los parlamentos actuales, ya no adoptan en exclusiva las decisiones políticas que el ejercicio del poder legislativo implica a través de los últimos años, y de forma constante, el poder ejecutivo debió haber ido ganando terreno al poder legislativo a través de los siguientes mecanismos: recurso constante y creciente a leyes de emergencia; inflación reglamentaria en el desarrollo y aplicación de las leyes, toma de la iniciativa legislativa por grupos políticos que apoyan al gobierno; control de la vida parlamentaria y de los reglamentos por ellos defendidos por parte de esos mismos grupos. Por ello, puede decirse que se ha pasado de un control específico de la acción de gobierno, de una vigilancia política, a una vigilancia legislativa.

El poder legislativo, también va ir perdiendo, en cierto modo, la representatividad; con sus firmes disciplinas internas y su relación directa con el electorado, los partidos políticos han minimizado la función representativa del Legislativo; los proceso electorales, ya no serán más elección de gobierno, sino elección de legisladores. Por desgracia, y por cuestiones meramente políticas, se toman decisiones que afectan al ciudadano común y corriente, que en este contexto político no entiende nada, ni desea saber de partidos, solamente de economía propia. Es por eso que nosotros como estudiantes de una carrera universitaria, estamos obligados a ir cultivando política, económica y socialmente a nuestros descendientes, para ir formando hombres concientes de las necesidades que en todos los sentidos adolece nuestro país, para que el día de mañana no sean sorprendidos por candidatos de partidos que siempre han filosofado en campañas y que en el momento de actuar, solamente se aprovechan de sus curules par provecho de ellos y sus familiares como lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia.